Por Marco De la O. San José, 9 de agosto de 2010.
La información de este día publicada en el periódico La Nación sobre el atraso en la entrada en vigencia de los contratos de mantenimiento para las calles nacionales y por ende el desastroso estado en el que se encuentran muchas vías en nuestro país, nos recuerda una conocida frase muy utilizada en nuestro CostaRica cuando un problema no es provocado por lo que se dice que lo causa, y que es “el frío no está en las cobijas”. Con la utilización de esa frase nos preguntamos ¿Dónde está el problema en materia de contratación pública en Costa Rica?
Por un lado muchos culpan a los largos procesos de contratación que se establecen en la normativa vigente, y vemos en este caso como el MOPT es el primero en hacerlo, aunque también las empresas constructoras se quejan de los extensos plazos. Es una lástima que en el reportaje el periodista no haya obtenido el criterio de la Contraloría General de la República para conocer su opinión al respecto, ya que de alguna forma la queja va en su contra también por los plazos de resolución de los recursos de apelación que se interponen.
No obstante lo anterior, se observa que las empresas constructoras también señalan que la problemática es culpa de la entidad rectora (el MOPT) porque no realiza una planificación adecuada.
Luego de leer este reportaje y darnos cuenta que es algo que se repite en muchos de los temas que son realmente sensibles en nuestro país (construcción de hospitales, concesión de puertos, aeropuertos, carreteras, espectro radioeléctrico, y así un sinfín de temas de suma relevancia para lograr un desarrollo significativo en Costa Rica), concluimos que se trata de algo preocupante, o que por lo menos lo es para aquellos que tenemos alguna esperanza que llegue el día en que sea posible realizar obras en Costa Rica o al menos dar mantenimiento a las carreteras oportunamente, y que no sea como el caso del Estadio Nacional, en que tuvieron que venir los chinos a hacerlo para que realmente fuera posible.
Es evidente que si en un tema tenemos un rezago abismal como país es en el de infraestructura, en el cual todos nuestros hermanos de Centroamérica nos superan con creces, y por eso creemos que vale la pena hacer un alto en el camino y analizar con urgencia ¿dónde está el problema en Costa Rica en materia de contratación administrativa?
Sin bien las empresas constructoras se quejan de la normativa existente en materia de compras públicas y de los largos procesos de contratación, se observa como son ellas las que en muchas ocasiones coadyuvan en la extensión de ellos porque de no salir ganadoras en una adjudicación proceden a interponer los medios de impugnación a los que por ley tienen derecho. Por lo tanto, uno podría pensar que en la medida que el acto de adjudicación les sea favorable sí se quejan que se apele, porque no quieren que ningún competidor se les oponga, y ahí el ejercicio del derecho de otros sí es censurable, pero si el acto no es resulta favorable entonces si alegan tener todo el derecho de recurrir.
Ahora bien, en el caso del MOPT vemos como indica que toda la culpa la tienen los plazos de los procesos de contratación y en si el marco regulador, pero no dice nada con relación a la crítica que se le hace como entidad sobre la falta de planificación, y tampoco se observa que aportan alternativas de cómo se podría contratar de manera más ágil y que a la vez de garantía de transparencia en el manejo de los fondos públicos, que es en realidad lo que busca la ley al establecer los procedimientos de contratación.
Consideramos que este es un tema de análisis urgente en nuestro país, y que debe revisarse de frente a la experiencia de otros países, en donde al igual que en el nuestro se manejan fondos públicos y lo que no sabemos es si en esas otras realidades no les importa el destino de esos fondos mientras las obras se hagan –que es claro que se hacen y en tiempos razonables, como por ejemplo es el caso de Panamá- o si han logrado encontrar un equilibrio entre eficiencia y control, por lo que ya lograron ubicar dónde está el “frío” que aún hoy en Costa Rica no logramos saber dónde se encuentra.
Proponemos la conformación de un grupo de alto nivel, con representación de diversas entidades tales como el MOPT, la Contraloría, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de empresas, para que se analice este tema y salga alguna propuesta que logre lo importante, que es encontrar la fórmula que permita agilizar la consecución de avances en nuestra alicaída infraestructura.
Por Marco De la O. San José 2 de Junio de 2010.
Se reporta que el Ministerio de Salud por una mala previsión dejó sin leche a 135000 niños y madres pobres. Al preguntársele a la Ministra del ramo al respecto, explica que no hay previsión que se pueda tomar, pues señala: “... ¿Qué previsiones tomaría usted si no puede utilizar dinero de otra cuenta porque es prohibido y no puede sacar otra compra por una pequeña cantidad porque eso eleva los costos? No hay forma de hacer previsiones …”
Resulta un tanto extraño que para un contrato que tiene una duración de 4 años no se pueda hacer una previsión de realizar una compra con la anticipación debida. Además, si bien es cierto que habiendo una compra en trámite se puede señalar que comprar una menor cantidad resulta más oneroso, el tema a discutir es si por el interés público que reviste la compra, y dado el atraso que tuvo la propia Administración, bien vale la pena adquirir menos cantidad a mayor costo, pero no dejar a niños de escasos recursos sin ese alimento esencial.
Para hacer eso que el Ministerio señala que no estaba dispuesto a realizar por el encarecimiento de costos, se puede acudir a dos figuras que se establecen en las previsiones normativas respectivas, una es a aplicar el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y haber tramitado con el mismo proveedor que estuvo brindando el suministro por 4 años, una compra adicional como lo permite ese artículo, por supuesto si el proveedor está de acuerdo en mantener las mismas condiciones pactadas en el contrato anterior.
Otra posibilidad era pedir un permiso a la Contraloría General de la Republica fundado en los artículos 138 y 139 del Reglamento mencionado para contratar de manera directa y así obtener el suministro de manera pronta y temporal mientras se resolvía la Licitación, pero es probable que se desee evitar esto porque en el numeral 139 se indica que “…En caso que la solicitud se origine en una evidente falta de planificación que de lugar a un desabastecimiento de bienes o en una tardanza en la disponibilidad del servicio requerido que comprometa la continuidad del servicio público, la solicitud deberá indicar en forma expresa las medidas correctivas y disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan adoptar…”. Pareciera que fue preferible dejar a niños sin leche que aceptar las responsabilidades que les competen a los funcionarios y haber adquirido de manera ágil el producto para que no hubiera faltantes.
En el tema de presupuesto resulta extraño que una compra que se indica que se inició el año anterior (noviembre), no disponga de contenido económico para este año que es en donde se va a ejecutar ese contrato, ya que es una obligación legal tener disponible el contenido económico (artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa).
Este caso deja muchas dudas en sus respuestas, y en realidad se estima que no son los tiempos de la Administración Pública los que no dejaron responder con oportunidad a esos miles de niños pobres, sino que ha sido una mala aplicación de los mecanismos legales y reglamentarios por parte de la Administración encargada lo que impidió tener esto con la antelación debida.
Asesores en Gestión & Contratación Pública GCP S.A. presenta con orgullo su sitio Web, que tiene como propósito inicial aportar información de nuestra empresa y de la sólida experiencia profesional que la respalda, y además facilitar información útil y actualizada a sus usuarios sobre la gestión pública y la contratación administrativa.
El quehacer del Estado Costarricense tiene como uno de sus temas de mayor relevancia el de la contratación administrativa, ya que los grandes proyectos de desarrollo dependen de manera significativa de las contrataciones que haga Sector Público.
Por eso el acierto en la gestión pública en materia de contratación administrativa que realice el Estado Central, los entes descentralizados y autónomos, los entes públicos no estatales, las empresas públicas y demás órganos que manejan fondos públicos, será clave para que se logre llegar a las metas de desarrollo trazadas.
Las contrataciones de obras, la implementación de sistemas informáticos y la adquisición de la más diversa índole de bienes y servicios, son los medios a través de los cuales el Sector Público en Costa Rica va logrando cumplir con sus metas de desarrollo y en todo eso el Sector Privado es un socio estratégico del Sector Público.
Por todo ello resulta de altísima relevancia tanto para el Sector Privado como Público el contar con asesoría legal especializada de alta calidad en materia de contratación administrativa, ya que ese apoyo resulta vital en el papel que a cada uno de ellos le corresponde desempeñar en la construcción del desarrollo de nuestro país, y es ahí en ese campo específico de la gestión pública ligada a la contratación administrativa, que GCP logrará sin duda aportar valor a su organización para ver satisfechas sus necesidades de asesoría especializada en esta temática.
Venga y dese la oportunidad de lograr por medio de nuestra asesoría un manejo acertado de sus gestiones públicas en contratación administrativa o permita que sea una realidad el que logre establecer de forma correcta las relaciones contractuales con el Sector Público.
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Junto al plan para dar más concesiones de rutas de bus, los legisladores aprobaron tres proyectos de ley más en primer debate: El expediente 16.790 reforma varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el fortalecimiento de la gestión pública. Esta iniciativa elimina competencias a la Contraloría que no forman parte de sus atribuciones en la labor de fiscalización y se las asigna a los jerarcas de cada institución.
Vea la nota completa escrita por Esteban Mata para La Nación
Según el Ministerio de Cultura, los planos de la obra fueron desarrollados por personal del Centro de Patrimonio del mismo Ministerio lo cual ayudó, según dijo, a mantener los costos relativamente bajos a pesar de la amplitud de los trabajos.
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